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Maria Auxiliadora.- El Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo advirtió este jueves que unas 30 familias que habitan en el sector Jarro Sucio, del barrio capitalino Guachupita aún corren peligro, mientras los organismos competentes no toman medidas para garantizarles seguridad.
“La gente se mueve entre tragedia y confusión, pues se evidencia que, ni los organismos gubernamentales ni las organizaciones sociales, cuentan con un plan real y organizado que les deje paz”, relató Jenny Torres, encargada del área de investigación del Centro.
Torres responsabilizó a las autoridades de la tragedia de este miércoles donde seis niños y dos adultos fallecieron al producirse un derrumbe que sepultó sus viviendas, próximo a la Cañada de Benavides, en el sector de Guachupita.
Ante la tragedia, el director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), coronel Juan Manuel Méndez, afirmó que estas personas habían sido advertidas por posibles deslizamientos de tierra debido a la vulnerabilidad del suelo pero que se negaron abandonar sus viviendas.
La investigadora del Centro Juan Montalvo explicó que no se trata de sacarlos de su hábitat natural y ofrecerles una vivienda en cualquier otro lugar, sino que exige tener una política integral donde los desalojados sea reubicados en zonas productivas que les permita sustentarse.
Mediante el documento “Historias de vidas y muertes: entre ciclones, irresponsabilidades y malas prevenciones”, los jesuitas declararon que “la falta a la promesa de una solución definitiva para estas familias es tal vez la verdadera causa de su muerte”.
Criticaron el discurso de toma de posesión porque se fundamentó en la construcción de “obras fantasiosas propias de cuentos de hadas” y no apuntó a mejorar las infraestructuras básicas, como las de agua, saneamiento, salud y educación.
En este sentido, los jesuitas pidieron al Gobierno consignar en el Presupuesto 2009 los montos suficientes para dar cumplimiento a la ley 147-02 sobre gestión de riesgos.
“El próximo presupuesto debe hablar de la disposición de implementar el sistema de gestión de riesgos y de la decisión clara y firme de eliminar la pobreza con políticas públicas de largo plazo”, expresa el escrito.
También, demandaron un aumento en la inversión en viviendas a un 2% del PIB, como ocurría antes de la crisis viven en condiciones deplorables, a través de una verdadera política de viviendas.
Recordaron que en la República Dominicana hay un 42% de personas viviendo en condiciones de pobreza, que los hace más vulnerables a los fenómenos naturales sean desastres y actuamos de manera reactivas a su paso.
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